El proyecto minero Tía María, cuyo titular de la concesión otorgada por el Estado Peruano es Southern Perú Copper Corporation, (SPCC), se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, tendría una duración estimada de 18 años. Los minerales a extraerse provienen de 2 yacimientos contiguos, llamados “La Tapada” y “Tía María”. En el yacimiento La Tapada las reservas totales extraíbles incluyen 445 millones de toneladas de mineral de óxido a una ley promedio de 0.434 % Cu. En el yacimiento Tía María las reservas totales extraíbles incluyen 193 millones de toneladas de mineral de óxido a una ley promedio de 0.304% Cu, éste mineral luego de ser procesado permitiría la obtención de cátodos de cobre de alta pureza. Se tiene previsto que se procesarán 100,000 toneladas de mineral por día, para producir aproximadamente 120,000 toneladas por año de cátodos de cobre.

De acuerdo a la legislación vigente, el titular del proyecto encargó la realización del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), a una  empresa consultora. El expediente fue iniciado ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) en julio del 2009, donde se presento formalmente dicho estudio para su evaluación de acuerdo a la Ley, y así obtener la correspondiente “Certificación Ambiental”. Un EIA-d, es una herramienta de gestión que ayuda a identificar, jerarquizar y valorizar los probables impactos, así como proponer su manejo, mitigación y compensación. La Ley que aprueban el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental  (SEIA), le dan el marco institucional, técnico y legal.

Sin embargo desde un inicio el proyecto no fue bien visto por la población. SPCC tiene antecedentes negativos en el valle de Tambo, especialmente entre los agricultores, quienes hace muchos años fueron ignorados en sus reclamos por los daños que en sus campos causaban los humos tóxicos provenientes de la Fundición de Ilo. Por ello, el ingreso de esta empresa a la zona tenía que darse en condiciones especiales para conseguir la denominada “Licencia Social” por parte de la población. Se tuvieron múltiples y concurrentes errores entre los que se puede señalar: a). Fallas en la comunicación de la empresa para explicar su proyecto Tía María y relacionarse con la comunidad; b). Poca disposición del gobierno para escuchar a todos los actores sociales; c). Equivocada estrategia de incentivar la creación de nuevas organizaciones sociales como base de legitimidad; d). Desconocer o subestimar el tejido social existente en el área de influencia del proyecto; e). EIA con errores en su realización, así como débil comprensión y desinformación por parte de la población; f). Tardía presentación de propuestas alternativas a la propuesta inicial de uso de aguas del subsuelo para sus operaciones. A mediados del año pasado cambio su propuesta para usar agua de mar, pero la reacción fue muy tardía.

Para continuar con el trámite administrativo de la evaluación del EIA-d, a finales del año pasado se aprobaron las Resoluciones Nº 397 y 398, que aprobó el Plan Complementario de Participación Ciudadana, y se encargo la evaluación del EIA-d, a un organismo de las Naciones Unidas, la UNOPS. El detonante fue cuando se conoció el “Informe de Observaciones y Requerimiento de Información Complementaria del Proyecto Minero Tía María”, dicho informe contiene 328 observaciones, recomendaciones y conclusiones.Tras más de 15 días de protestas en Islay, con un saldo lamentable de 3 fallecidos y decenas de heridos, finalmente mediante Resolución Directoral Nº 105-2011-MEM-AAM, se ha declarado “inadmisible” y en consecuencia se ha rechazado el trámite administrativo de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María, presentado por SPCC. Igualmente  se dispone que la empresa deberá abstenerse de ejecutar cualquier actividad como parte del proyecto. Y, en consecuencia, deberá efectuar el retiro de equipos, maquinarias e insumos del lugar.

Obviamente más adelante, SPCC podría volver presentar una nueva versión del EIA-d del proyecto minero Tía María, tal como lo establece la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; igualmente puede transferir sus derechos sobre la concesión minera, a otro inversionista; o, finalmente puede renunciar a la concesión, ésta ultima situación es poco probable. SPCC sigue siendo el titular indiscutible de la concesión minera otorgada por el Estado para el proyecto minero Tía María.