Hace algunas semanas atrás vi en el patio de una universidad local, un afiche que promocionaba un curso sobre Legislación Ambiental, donde el suscrito iba a ser el expositor, llamo mi atención al ver que a un costado de mi nombre aparecía escrito con letras legibles y con plumón de color rojo, el adjetivo de “antiminero”. Obviamente no le di mayor importancia al asunto, pasando el hecho a una simple anécdota.

Sin embargo por estos días he escuchado y leído reiteradamente  a propósito de los problemas que se han presentado en Puno, movimiento de protesta al que se ha calificado como el “paro antiminero”. Cierto es que las protestas empezaron en las provincias puneñas de El Collao, Chucuito y Yunguyo en protesta en contra las concesiones mineras, donde se solicita el cese y la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras, la cancelación del proyecto Santa Ana, así como la derogación del Decreto Supremo Nº 083-2007, que permite la explotación minera en la zona de la frontera. El conflicto social producido semanas atrás en la provincia de Islay, por el proyecto minero Tía María, también fue calificado como “protesta antiminera”.

¿Qué significa ser antiminero? ¿Es solo un adjetivo calificativo o expresa algo más? ¿Por qué se está generando ese sentimiento antiminero en todo el país?. En la mayoría de casos las empresas mineras se encuentran frente a un entorno social influenciado por paradigmas que las propias empresas no han podido cambiar. ¿Pero, cuáles son estos paradigmas sociales dominantes en contra de las actividades mineras?. Se puede mencionar los siguientes: Los recursos mineros son de propiedad de los pobladores de la zona de exploración y explotación; la población no fue consultada para el otorgamiento de la concesión minera; la minería compra tierras a muy bajo precio; la minería contamina, especialmente las fuentes de agua dulce; la minería viola los derechos humanos; la minería está amarrada con el poder; la minería da pocas oportunidades de empleo; La minería altera significativamente  el modo de vida de los pobladores donde opera; La minería no puede convivir con la agricultura, etc.

También es cierto que por el lado de las empresas mineras, se han hecho pocos y serios esfuerzos por tener una eficiente y eficaz actitud con las poblaciones del entorno donde operan, así se tiene que las relaciones comunitarias siguen teniendo un sesgo asistencialista y manipulada;  el acceso a la información sobre el proyecto minero es poco transparente; existe soberbia en la actitud de la mayoría de los representantes de las empresas mineras; los estudios de impacto ambiental son vistos como una simple formalidad administrativa.

Es indiscutible que la actividad minera, vía impuestos contribuye a la economía nacional. El pago por derecho de vigencia, el canon, las regalías forman parte de los presupuestos de los gobiernos locales y regionales. Las exageradas “sobreganancias” por la bonanza mundial del precio de los minerales, ha acentuado las contradicciones entre las empresas mineras y las maltratadas comunidades que las alojaban, quienes no perciben los beneficios de la actividad minera.

Durante los últimos años las empresas mineras vienen desarrollando esfuerzos por mantener relaciones armoniosas con las comunidades o entorno social aledaño a sus Unidades de Producción por mantener la “Licencia Social”, que es la aprobación tácita reflejada en el conjunto de aptitudes, acciones,  actividades de aceptación de las actividades mineras, pero en ese esfuerzo deben conjugarse 3 actores: El Estado, la empresa minera y la comunidad. No es suficiente que una empresa minera cumpla con la ley o contar con el aval del gobierno de turno, la comunidad ocupa un rol decisivo que debe tomarse muy en cuenta si quiere hacer minería en una región.

Mientras se da el cambio por parte de las empresas mineras y el gobierno, el sentimiento antiminero seguirá creciendo,  los conflictos sociales se van a seguir dando en todo el país, tal como lo reportan los últimos informes sobre los conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.