En su reciente presentación en la Cumbre RIO + 20, el Presidente de la Republica Ollanta Humala Tasso, anuncio la creación de una Comisión Multisectorial que será presidida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que el plazo de 30 días entregue las propuestas legislativas y políticas, orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales para las actividades e industrias extractivas. Ya de regreso en el Perú se expidió la Resolución Suprema  Nº 189-2012-PCM.

Serán sus funciones específicas la referida Comisión Multisectorial las siguientes: a). Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de sus órgano rector el Ministerio del Ambiente, para atender adecuada y efectivamente  las necesidades de gestión ambiental que requieren la intervención de todas las entidades sectoriales; b). Actualización de las políticas y regulaciones ambientales sectoriales, con especial énfasis en aquellas que impacten directa o indirectamente, en la salud de la población urbana y rural; c). El fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras y sancionadoras de los organismos adscritos; d). Mejora e integración del Sistema Nacional de Información Ambiental; e). Fortalecimiento de la ciudadanía y la educación ambiental.

El Perú es uno de los países que en el mundo que ha tenido un crecimiento económico  sostenido, pero basado principalmente en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Sin embargo, este avance económico, no ha ido a la par con el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos los peruanos y el necesario cuidado del medio ambiente. Para que el crecimiento se convierta en desarrollo inclusivo y sostenible, se debe establece una nueva relación con las actividades e industrias extractivas para que el crecimiento económico se realice cuidando y protegiendo el patrimonio cultural y natural del país. Se necesita una nueva visión territorial, donde se pueda gestionar el desarrollo integrado de actividades mineras, el turismo, la ganadería, la agricultura, la forestal, actividades pesqueras, para que puedan integrarse aprovechando ubicación estratégica del país en el continente, para llegar a mercados regionales y mundiales.

Según el Presidente de la Republica “este nuevo enfoque exige innovar la forma de relacionamiento entre nuestro ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión equilibrada del territorio y el uso racional de los recursos hídricos. Esto, en el marco de una nueva relación con las actividades extractivas, al servicio del desarrollo humano, en la línea de nuestros objetivos de inclusión social, tal como hemos anunciado ante el mundo en la Cumbre de Río + 20,  y lo reafirmamos ahora, ante el país. Para lograrlo, es fundamental contar con una mejor normatividad que asegure la gobernabilidad ambiental, la modernización de los instrumentos de gestión, su adecuación a nuestra nueva realidad económica, social y cultural y la fiscalización ambiental en todas las operaciones. Pondremos especial énfasis en actualizar las políticas y regulaciones ambientales para evitar impactos en la salud de las poblaciones y para establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos”.

Termino su intervención el Presidente de la Republica en RIO + 20 señalando “que la nueva relación con las actividades e industrias extractivas se involucrará a todos, escucharemos sus demandas, atenderemos sus preocupaciones, dialogaremos y alcanzaremos,  estoy seguro, la meta de un país que será modelo no sólo por su crecimiento, sino también, modelo de  desarrollo sostenible. De esta manera, recuperaremos la confianza de la población en un Estado capaz de sancionar malas conductas ambientales e incentivar las buenas prácticas,  capaz también de intervenir anticipadamente frente a las preocupaciones de la sociedad. El diálogo y la convivencia en el marco del Estado de Derecho, nos garantizarán prosperidad en un  contexto de paz y tolerancia, en beneficio de  los intereses del país”.

El primer paso debe ser que se cumpla la amplia y frondosa legislación ambiental existente; los gobiernos regionales y locales deben implementar y adecuar la política y el plan de acción ambiental; desde el otorgamiento de la concesión los gobiernos regionales y locales deben estar involucrados; deben funcionar las Comisiones Ambientales como instancias de coordinación; se deben aprobar los Estándares de Calidad Ambiental para suelos y para aguas subterráneas; se debe aprobar el marco legal sobre vigilancia, seguimiento y los monitoreos ambientales; se debe perfeccionar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, haciendo que estos sean más transparentes; hay que incluir los Estudios de Impacto Social; El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental debe jugar un rol más activo y dinámico en la fiscalización y sanción por infracción a la legislación ambiental; se debe establecer un marco regulatorio sancionador por incumplimiento de los acuerdos y compromisos; se debe avanzar firmemente en la constitución de los Consejo de Cuenca para la gestión de los recursos hídricos; se debe establecer un nuevo marco regulatorio para el uso de los recursos provenientes del canon y regalías mineras.

La Comisión Multisectorial creada debe entregar en 30 días las propuestas de normas y políticas, que nos permitan avanzar firmemente en el camino de desarrollo sostenible, para lo cual hay que vencer nuestras diferencias, orientados en el entendimiento, en un clima de paz social, basado en el dialogo, tolerancia, transparencia y respeto mutuo. Habrá que esperar las propuestas legislativas para poder opinar.